Reconociendo nuestra historia, reafirmando nuestro
compromiso y militando por la continuidad del proyecto nacional, popular y democrático

Popular de raíz

El Frente Grande nace como una necesidad histórica de expresión de las banderas más caras a los sectores populares y ante la traición del sistema político tradicional, cuyo primer detonante claro fue el intento de amnistía para otorgar impunidad a los responsables y ejecutores de la dictadura cívico militar. Tanto el menemismo como el alfonsinismo habían dado sobradas muestras de su capacidad de enterrar las históricas banderas del peronismo y el radicalismo y lo mostraron a las claras en el Pacto de Olivos. La Constitución de 1994, resultante de aquel pacto y hecha a medida de la ola neoliberal de aquellos años, convalidó y potenció la destrucción del Estado y la entrega del patrimonio nacional.

Nuestra marca de nacimiento como fuerza política es la lucha contra el neoliberalismo, el ajuste, la precarización laboral, la extranjerización de la economía y las relaciones carnales con el imperio.

La alternativa que construimos en los ’90 permitió la confluencia de sectores del peronismo y la izquierda, pero también de un conjunto de argentinas y argentinos en busca de una experiencia política que pusiera límites éticos claros y que revalorizara, por un lado, el pensamiento y la acción con, por y para el pueblo y, por el otro, que contribuyera al fortalecimiento del sistema democrático.
A partir de la idea de «una nueva forma de hacer política» hemos realizado aportes enriquecedores en el horizonte de la Cultura política nacional. Una nueva forma que abarca desde la construcción frentista, sintetizando experiencias políticas heterogéneas en un marco de plena discusión y reflexión democrática, hasta la instalación de
las «internas abiertas» -antecedente de las antiguas PASO- como expresión de la incorporación de la participación ciudadana en la selección de los candidatos de los partidos políticos.
En 2003 nos integramos a una construcción nacional y popular con clara voluntad de cambio. Como otras fuerzas políticas, llevamos adelante una lectura crítica de nuestros errores, los capitalizamos como parte de nuestro bagaje de experiencias y confluimos con compañeras y compañeros de diversas experiencias políticas para ayudar a impulsar el kirchnerismo.
Néstor Kirchner, el hombre que tomó los principios históricos de Justicia Social, Independencia Económica y Soberanía Política, supo anudarlos a muchas otras luchas que forjamos desde nuestro nacimiento: decirle No a la impunidad, revalorizar una Corte Suprema oxigenada por la incorporación de reconocidos y sólidos profesionales del derecho; recuperar la dignidad frente a los acreedores externos; empezar a poner la economía al servicio del pueblo y subordinada a la política; comenzar la recuperación del trabajo y la producción y privilegiar el gobierno democrático por sobre el poder de las corporaciones así como el rol activo del Estado, entre otros logros que celebramos.

Un partido con identidad propia

La tarea que tomamos a partir de la primera mitad de la década del 2000 fue la de reconquistar las ganas de los compañeros que, a pesar la de derrota, nos mantuvimos con la frente en alto en nuestro partido, defendiendo los principios y demandas que nos dieron origen.
Estábamos convencidos -y lo seguimos estando-, de la necesidad de una herramienta política organizada, dotada de un fuerte contenido político e ideológico, pero con los pies en el barro del territorio. Una herramienta que confluya en un espacio más amplio, no necesariamente idéntico u homogéneo al nuestro. Una herramienta que interpele desde las mejores tradiciones históricas nacionales y populares pero que no se anquilose en una estructura partidocrática estática, ni se constituya en una referencia sólo teórica de los cambios. Pensamiento y acción al servicio de las transformaciones.

Nuestro perfil político

El perfil del Frente Grande ha sido construido sobre la base de la historia de nuestro pueblo y sus luchas, rescatando las banderas de los grandes movimientos y dirigentes que la transformaron: el sindicalismo anarquista, socialista y comunista, el Yrigoyenismo, FORJA, el Peronismo, la compañera Evita, John William Cooke, el pensar y hacer internacionalista de Ernesto «Che» Guevara, la CGT de los Argentinos, Agustín Tosco, el compromiso del cristianismo de base, sintetizado en monseñor Enrique Angelelli y monseñor Jaime de Nevares, la tradición de lucha por la justicia social de compañeras y compañeros desaparecidos y perseguidos por los gobiernos autoritarios y represores, el movimiento de derechos humanos encabezado por Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo e HIJOS, nuestros queridos y recordados compañeros Germán Abdala y Carlos Auyero, la Central de Trabajadores Argentinos y los movimientos sindicales, piqueteros y sociales que resistieron el neoliberalismo.

Algunas ideas sobre la Argentina que queremos

• Juicio y castigo a todos los genocidas. Restitución de la identidad de todos los jóvenes apropiados. El Frente Grande, cuya fecha de nacimiento real está vinculada directamente con los indultos de Carlos Menem, ha sido y es impulsor de los juicios a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes cometidos por la dictadura cívico-militar, incluyendo la destrucción del aparato productivo y el desarrollo de una política económica de exclusión. Hemos apoyado y formado parte de acciones en contra de la impunidad, y hemos impulsado en todos los ámbitos legislativos la persecución penal y social de los criminales.
• Latinoamérica es la Patria Grande. Argentina debe continuar impulsando la unidad con los hermanos países latinoamericanos. Una integración con énfasis en los pueblos y en la construcción de un bloque social-cultural-económico que establezca una institucionalidad destinada a fortalecer el MERCOSUR, la Unión de Naciones Suramericana (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC). Estas son contracaras del ALCA y la Alianza para el Pacífico, propuestos por EEUU, y de la unidad meramente comercial fundada desde el Consenso de Washington. Se requiere de una construcción de alternativas autónomas de conformación de políticas en todos los niveles: integración convergente de políticas, financiamiento regional propio, políticas productivas, ambientales, de recursos naturales, de derechos huma nos, de transportes y de defensa comunes y la construcción de un espacio regional educativo y cultural; todos estos, aspectos deben, necesariamente, formar parte de los acuerdos de integración.
• Malvinas: Memoria, Verdad, Justicia, Soberanía y Democracia. En este marco de unidad de nuestra Patria Grande, compartimos que el gobierno nacional haya avanzado en los foros internacionales por la vía política y diplomática en el reclamo de la soberanía de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, no sólo como un derecho de la Argentina, sino -y especialmente- como causa latinoamericana e internacional para terminar con los enclaves coloniales que todavía subsisten. Y en memoria de los argentinos que lucharon por su recuperación en una guerra que nuestro país nunca debió haber librado.
• Servicios públicos universales y prestados por el Estado. Hasta el último habitante de la Argentina debe tener acceso a los servicios básicos y el Estado debe ser el facilitador central de ese acceso. Esto implica promover activamente la recuperación de las empresas de servicios públicos y asegurar el rol de testigo del Estado en el sector de las telecomunicaciones, como una forma de recuperar soberanía y garantizar la prestación de servicios básicos para todos los argentinos. Es mucho el daño que, al priorizar los negocios por sobre las necesidades populares, han dejado las políticas de privatizaciones, concesiones y tercerizaciones, por lo que el fortalecimiento del Estado y sus políticas con vistas a la ampliación del acceso y la prestación directa son imprescindibles. Pero fortalecer no cualquier Estado, sino uno con capacidad de planificación y participación popular a través de nuevas formas de integración social para la construcción de políticas públicas.
• Liderazgo estatal del desarrollo nacional. Es imprescindible que sea el Estado y no los mercados quien asuma el liderazgo del proceso de desarrollo, orientando la economía a favor de la preservación y la ampliación de la producción, el empleo y el bienestar de los argentinos.
• Plena vigencia de un Estado laico. La práctica de las religiones -o su decisión de no hacerlo- forman parte de las convicciones personales de tod@ ciudadan@, por ello consideramos que el Estado debe dar preeminencia al pluralismo, a la diversidad y al respeto de los derechos humanos, como así también evitar que toda jerarquía eclesiástica y/o dogma influya en las decisiones de los representantes electos en forma democrática. Sostenemos la importancia clave de una Educación Laica, Pública, Gratuita e Intercultural, como elemento liberador del pueblo y para igualar oportunidades. Niñas, niños y jóvenes deben tener su lugar privilegiado en la Escuela, con un adecuado desarrollo técnico y científico pero, sobre todo, articulador de una formación para la liberación. De ahí la relevancia de impulsar una política educativa que permita superar los déficits provocados por la política neoliberal, que garantice el carácter de bien público y común de la educación, rechazando su mercantilización y su condición de bien transable. A su vez, creemos que América Latina debe asumir criterios comunes y coordinar programas que nos liberen de los intentos de transformar a la educación en un gran mercado que responda a los intereses del capital financiero internacional.
• Conocimiento científico al servicio de la soberanía nacional. Sostenemos la necesidad de continuar con un fuerte apoyo a las políticas de desarrollo científico y tecnológico, a través de la conformación de espacios comunes de convergencia entre Estado nacional, estados provinciales y universidades, así como empresas, sindicatos y organizaciones libres del pueblo.
• Respeto de las diversidades y las políticas de igualdad real de oportunidades y de trato. Entendemos que el camino de la igualdad se debe transitar con nuestras acciones, pero especialmente con la participación protagónica de los colectivos que se apropian de sus derechos. La legislación sobre Matrimonio lgualitario e ldentidad de Género han significado avances muy importantes con ese fin, que requiere un fuerte debate público para modificar algunas pautas sociales discriminatorias. Militamos por la eliminación de las desigualdades de género, convencidos de que ninguna sociedad justa se construye sobre la base del dominio de hombres sobre mujeres.
• Toda mujer tiene derecho a decidir sobre cuerpo. Nuestro partido forma parte de la alianza federal Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Convencidas y convencidos de la profundidad de la consigna «Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir», militamos por una legislación efectiva en Educación sexual, por un abordaje desde la salud pública en materia reproductiva, y por la aplicación plena de la ley que garantiza el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que nuestra representación parlamentaria ha impulsado junto a otras fuerzas.
• La tierra robada será recuperada: hacia una Patria plurinacional. El reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Originarios establecido por la Constitución debe ser acompañado con legislación adicional y políticas públicas para el ejercicio pleno de sus derechos en el marco del respeto a su propia cosmovisión, su educación en el marco de su cultura, el efectivo reconocimiento de la personería jurídica de sus comunidades, la posesión y propiedad común de las tierras que tradicionalmente ocupan y la plena igualdad y ciudadanía de los pueblos originarios de esta parte de América.
• Plena integración social de las personas con discapacidad. Impulsamos el debate y acciones necesarias para que la sociedad aproveche el potencial y la integración plena de las personas con discapacidad, para lo cual debemos aportar para superar las trabas al acceso a la educación, el potencial y la integración plena de estas personas. Debemos aportar al desarrollo profesional, la vida cultural y política y las relaciones sociales de esta parte de la población, y contrarrestar las acciones que restringen su acceso a edificios públicos y transporte con limitaciones incompresibles.
• El consumo de drogas es un tema de salud pública, no de derecho penal. Estamos convencidos de que éste es un asunto complejo, que debe ser abordado como materia de salud pública, respetando las decisiones personales respecto del consumo y evitando la penalización de la tenencia de drogas para ese fin. El trato humanitario y de respeto de los derechos humanos de los consumidores de sustancias es un imperativo que no permite más dilaciones. La lucha frontal contra el narcotráfico debe privilegiar la desarticulación de las grandes mafias que operan en nuestro territorio nacional, tanto en la producción como en la distribución y comercialización, en el marco de la Constitución Nacional y de la Ley de Seguridad Nacional.
• Un federalismo que amplíe los márgenes de inclusión. El respeto de las autonomías municipales y provinciales es la base de un país federal, pero es necesario avanzar hacia un nuevo federalismo que garantice el desarrollo equilibrado y equitativo de todo el territorio nacional, con énfasis en una distribución territorial justa de la riqueza y el acceso equilibrado a los derechos desde Ushuaia a La Quiaca.
• Explotación racional de los recursos naturales bajo supervisión del Estado. Estamos convencidos de la necesidad de proteger nuestros recursos naturales y de que, para lograrlo, el Estado debe participar de manera directa en la explotación de estos recursos, de manera tal de garantizar una explotación racional que respete la salud y los derechos ambientales de toda la población y cuyos dividendos tengan por destino engrosar el patrimonio de l@s argentin@s. Por eso, es necesaria una reforma integral del Código de Minería, en particular en cuanto al rol del Estado -que tiene que estar facultado para explotar esa riqueza, y obligado a hacerlo racionalmente- y en cuanto a la protección ambiental en la actividad minera, desechando el régimen actual, nefasta herencia del menemismo. Además, la política ambiental nacional debe dejar atrás la doctrina neoliberal incorporada como parte del Pacto de Olivos, y avanzar hacia el enfoque ambiental comprensivo del multiculturalismo, propio del nuevo constitucionalismo popular latinoamericano.
• Todo argentino tiene derecho a una vivienda digna. El acceso a la tierra urbana en condiciones dignas de infraestructura es una prioridad y un compromiso, especialmente con los más jóvenes y los sectores más desprotegidos de la sociedad. Debemos alentar el desarrollo de la construcción social del hábitat popular participado e instaurar las regulaciones que fomenten la reserva de suelo urbano para el crecimiento ordenado, instaurando la valencia del valor de uso de la vivienda por sobre el de cambio; la equidad espacial debe ser una meta a alcanzar. Igualmente respecto del acceso a la tierra rural: las políticas en materia productiva deben considerar la inclusión de pequeños y medianos productores, transformando las tenencias precarias en propiedad, permitiendo el acceso a recursos para su explotación y la protección en la comercialización de sus productos, evitando además la expulsión de las nuevas generaciones del campo.
• El rol central de las pymes en el modelo de crecimiento económico con inclusión social. El desarrollo productivo debe considerar especialmente la pequeña y mediana empresa nacional como aliada histórica de los sectores populares. La innovación tecnológica, el crédito, la inserción en el mercado internacional y el impulso al consumo doméstico deben ser acciones permanentes para cultivar el desarrollo de la industria local. De todos modos, la extranjerización y la concentración económica es un fenómeno actual y problemático, gestado por la dinámica actual de las economías de mercado. La propagación de las pymes no alcanza a neutralizarlo, de modo que el Estado debe adoptar una política activa para combatir con eficacia los abusos de las posiciones dominantes de mercado que resultan de la concentración económica, así como controlar los procesos inflacionarios que erosionan los ingresos de los sectores populares.
• No a la mercantilización de la salud. Se debe avanzar en promover un sistema de salud que priorice el sector público y social, realizando las inversiones necesarias para ello y acordando una política única de seguro público de salud que restrinja la mercantilización del sector.
• Impulso a las empresas autogestionadas. Los programas sociales y de acceso a derechos no son una política de dádivas. La dictadura iniciada en 1976 destruyó centenares de miles de puestos de trabajo y excluyó por décadas a millones de argentinas y argentinos que se merecen más oportunidades para ser incluidos en el sistema productivo, Por todo ello, sostenemos la necesidad de avanzar en un modelo económico que promueva la desconcentración y desmonopolización y el más amplio apoyo y estímulo a la economía social y solidaria, a las empresas recuperadas por los trabajadores y nuevos emprendimientos productivos de autogestión, así como a las micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país. Esto requiere de la concentración de políticas al respecto, centralizando iniciativas en una política de fuerte impulso, con créditos, asistencia técnica, asesoramiento y estimulación a la creación de cadenas de valorización de la economía social, así como establecer la prioridad de compras del Estado a los emprendimientos de la economía solidaria, cuando ello sea posible.
• Un movimiento sindical plenamente democrático. Las negociaciones paritarias han sido una estrategia adecuada para sostener la capacidad de desarrollo y negociación de los trabajadores organizados y permitir el mejoramiento de los ingresos de trabajadoras y trabajadores. Sostenemos la importancia de impulsar un modelo sindical organizado bajo formas más democráticas y transparentes que las actuales, con mayor protagonismo de las bases por sobre las burocracias.
• Un sistema tributario equitativo. Los impuestos deben estar en función del empleo y la producción y deben tener un verdadero sentido de redistribución progresiva de la renta y la riqueza, donde las ganancias parasitarias, las rentas extraordinarias y las grandes concentraciones de riqueza tributen en mayor medida. Propugnamos un sistema tributario justo y equitativo, donde los que más ingresos y patrimonio tienen sean los que más tributen y que proteja a los sectores populares en sus ingresos y consumos.
• Las Fuerzas Armadas no deben tener ninguna injerencia en los asuntos de seguridad interior. Si hay un acuerdo sustancial y profundo del sistema democrático que se debe sostener es el logrado en materia de Defensa y el rol que deben cumplir las fuerzas armadas. Debemos custodiar las leyes de Defensa Nacional, Fuerzas Armadas, de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional, que separan Seguridad de Defensa y vedan la presencia militar en cuestiones de seguridad interior. Asimismo reivindicamos la política de desarrollo de la producción nacional para la defensa, de eliminación de desigualdades de género en las fuerzas armadas y de formación en el respeto pleno de los derechos humanos. El desarrollo en la materia deber ser acompañado de las políticas de integración latinoamericana.
• La inclusión -y no la mano dura- es la respuesta. En materia de seguridad, suscribimos los diez puntos del Acuerdo de Seguridad Democrática, convencidos de que las demandas de seguridad no se resuelven con una política de mano dura sino con inclusión e instituciones policiales conducidas y controladas por instituciones democráticas y con participación popular. La política de seguridad demanda de una policía comprometida con la prevención, la profesionalidad y una justa remuneración; pero, además, de una Justicia que investigue y juzgue en tiempo oportuno garantizando el debido proceso y de la defensa y un sistema penitenciario con condiciones dignas de encierro y de ejecución de la pena para la reinserción social.